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"El Veintitrés de agosto de 1984 la
CNI asesinó a siete compañeros de la Dirección de la
zona sur del MIR.
   
  
Operativo contra la dirigencia del
MIR en la Zona Sur
Entre el 23 y el 24 de agosto de 1984 la CNI, con
agentes enviados desde Santiago, ejecutó una
operación destinada a eliminar a los dirigentes del
MIR en la zona sur del país, específicamente en
Concepción, Los Angeles y Valdivia.
Muchos de ellos habían ingresado ilegalmente al país
y se encontraban realizando trabajo clandestino.
Todos estaban siendo seguidos por agentes de
seguridad con anterioridad y por lo mismo éstos
tenían claridad absoluta sobre sus actividades. En
todos los casos se informó públicamente de la
existencia de enfrentamientos a consecuencia de los
cuales murieron las víctimas.
Sin embargo, por los diversos antecedentes reunidos,
la Comisión ha llegado a la convicción de que ellas
fueron ejecutadas. 997
El primer hecho se desarrolló en la mañana del 23 de
agosto de 1984 en Hualpencillo, localidad cercana a
Concepción. En ese lugar fue ejecutado cerca de su
domicilio, el obrero Luciano Humberto AEDO ARIAS, a
quien, según testigos, se le disparó sin intimársele
rendición y sin que intentase oponer resistencia.
Horas más tarde fue interceptado el microbús en
donde se desplazaban Mario Octavio LAGOS RODRIGUEZ y
Nelson HERRERA RIVEROS, obrero y comerciante
respectivamente, en el sector de Lorenzo Arenas de
Concepción.
El vehículo de locomoción colectiva venía siendo
seguido desde Talcahuano y se le ordenó detenerse en
un lugar con gran afluencia de público, frente a la
Vega Monumental. Testigos interrogados por esta
Comisión indicaron que no hubo resistencia a la
detención por parte de las víctimas, quienes se
bajaron desarmadas del microbús y sin rehenes. Esa
acción la hicieron con los brazos en alto,
recibiendo en ese momento Mario Lagos un disparo en
la axila, lo que comprueba dicha posición de los
brazos.
La autopsia de Nelson Herrera indica que fue muerto
posteriormente mediante un disparo en el cráneo a
corta distancia y en circunstancias de que ya se
encontraba esposado, lo que se desprende de las
marcas en sus muñecas. Todos estos hechos fueron
filmados por camarógrafos que utilizaban equipos de
Televisión Nacional quienes se encontraban apostados
en el sector desde antes que se produjeran los
hechos, cosa que igualmente indica que no se trató
de un enfrentamiento casual sino de hechos
planificados con anticipación.
A las seis de la tarde del mismo día 23 de agosto
fue muerto en Los Angeles mediante disparos Mario
Ernesto MUJICA BARROS, contador, en la entrada de su
domicilio, sin que tampoco hubiese habido oposición
a una detención por su parte, según los testimonios
que ha conocido la Comisión.
Más o menos a la misma hora murieron en el camino
que une a Valdivia con Niebla, Raúl Jaime BARRIENTOS
MATAMALA y Rogelio Humberto TAPIA DE LA PUENTE,
empleado e ingeniero forestal respectivamente.
En esta oportunidad también se informó oficialmente
de la existencia de un enfrentamiento y de la huida
de una tercera persona del lugar, lo que es del todo
improbable dadas las condiciones del terreno.
La Comisión tiene información de que las víctimas
habrían sido detenidas en Valdivia y conducidas a
ese lugar para su ejecución por los agentes de la
CNI.
El 24 de agosto se produjo el último de los hechos,
el que le costó la vida a Juan José BONCOMPTE ANDREU,
de profesión economista. El fue sorprendido en su
domicilio por un elevado número de agentes.
Juan Boncompte intentó huir por la parte trasera de
la casa pero fue cercado, disparándosele luego en
repetidas ocasiones, a consecuencia de lo cual
falleció de manera inmediata. Varios relatos de
testigos indican que no hubo ningún tipo de
resistencia por parte de la víctima y que ésta se
encontraba a merced de los agentes cuando fue
muerta.
Con el mérito de las declaraciones de numerosos
testigos entrevistados, demás antecedentes reunidos
y por lo inverosímil de las versiones oficiales
sobre cómo sucedieron los hechos, esta Comisión está
convencida de que estas siete personas fueron
ejecutadas por agentes estatales, en violación de
sus derechos humanos.
(Corporacion)
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